A mediados de julio, Europa y Estados Unidos unieron fuerzas en la Operación Eastwood para desmantelar a NoName057(16), una red de cibercriminales de inspiración pro-rusa especializada en ataques DDoS. Coordinada por Europol y Eurojust, la acción simultánea incluyó registros, órdenes de arresto y la desconexión de más de 100 servidores en una infraestructura global diseñada para colapsar sitios web de países que apoyan a Ucrania.
En total, las autoridades emitieron siete órdenes de detención –seis contra ciudadanos rusos– y realizaron 24 registros domiciliarios en varios Estados miembros. Hubo dos arrestos preliminares, en Francia y España, mientras que cientos de “colaboradores” de la red recibieron mensajes advirtiéndoles de sus responsabilidades penales. Gracias al trabajo conjunto de agencias nacionales y de Europol, la mayor parte de los servidores centrales de NoName057(16) quedó fuera de línea, y sus ataques recientes fueron prácticamente neutralizados.
Más allá de la intervención técnica, detrás de NoName057(16) había una red de voluntarios que, motivados por su ideología y por recompensas en criptomonedas, utilizaban foros y herramientas automatizadas para reclutar y lanzar oleadas de tráfico malicioso. Con la infraestructura principal desactivada y los instigadores identificados, la operación representa un golpe contundente a esta forma de ciberguerra asimétrica.
Este caso muestra lo lejos que llegan las investigaciones de cibercrimen en nuestro mundo hiperconectado: no basta con derribar servidores, sino que es crucial coordinar la acción judicial y disuadir a quienes colaboran desde la sombra. La Operación Eastwood es un ejemplo de cómo, cuando la tecnología y el Estado de Derecho trabajan de la mano, se pueden frenar las amenazas antes de que causen un daño masivo.