La cibercriminalidad sigue disparada en España. Pese al refuerzo que en los últimos años han hecho los cuerpos policiales nacionales y autonómicos con sus secciones de patrullaje en la red, los delitos en la red no paran de crecer, constituyendo uno de los mayores quebraderos de cabeza en el Ministerio del Interior. Según el balance de criminalidad del 2023, hecho público este jueves por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, las infracciones penales cometidas en el ciberespacio aumentaron un 25,5% con respecto al año pasado. La criminalidad convencional, en cambio, aumentó un 2,1%.
De toda la delincuencia registrada en internet durante el pasado año, nueve de cada diez infracciones penales corresponden a estafas informáticas. Y estos datos, según confirman fuentes policiales, solo suponen una pequeña punta del iceberg, puesto que la denuncia de este tipo de delitos es aún ínfima. Pese a la escasa puesta en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los datos ponen de relieve la complejidad –y magnitud– del problema: en el 2016 se registraron 70.178 estafas informáticas. En el 2023 la cifra ya se situó en 426.744. Es decir, en ocho años han crecido un 508%. En esa curva, el año del coronavirus marcó un punto de inflexión.
Las criminales están diversificando su negocio en internet con los datos como el bien más preciado
Las organizaciones criminales juegan cada vez más su partida en internet. Están diversificando el delito, pero siempre con un bien común: los datos con los que luego poder desplumar a las víctimas. Algunas de ellas, según fuentes policiales especializadas en prevención y persecución de los ciberdelitos, directivos de no tan pequeñas empresas que no se atreven a denunciar por el miedo a admitir que han sido engañados desde una posición relevante. Las estafas informáticas, tal y como reflejan los datos, superan con creces a los robos de todo tipo –con violencia, intimidación, en la calle o viviendas– que ocurrieron en todo el territorio nacional.
Por regiones; Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Euskadi son los territorios donde más crece la cibercriminalidad; frente a Asturias o Galicia, donde menos aumenta, o La Rioja y Ceuta, donde incluso disminuyó el pasado año.
El balance, que incluye los datos de todas las policías nacionales, autonómicas y locales, también recoge un incremento del 15,1% de los delitos contra la libertad sexual. En Interior defienden que este aumento debe enmarcarse en las políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos.
En el caso del tráfico de drogas, que también aumenta hasta el 9,5%, dicen estar relacionado con los planes de seguridad como el desplegado en Campo de Gibraltar, ya que en este fenómeno delictivo “se producen muy pocas denuncias”. “Esto es un indicador de actividad policial frente a este tipo de delitos”, sostienen.